RECONSTITUCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA REFORMA PETROLERA. Por Gerardo Trejo
En semanas recientes se ha vivido un proceso de movilización sociopolítico muy intenso, producto de la posición oficial del Gobierno Federal de impulsar una de las grandes deudas históricas que los gobiernos de derecha en México tienen con el sistema capitalista internacional, que se aboca a la privatización del sector energético mexicano.
Ello conmino a una mayor polarización del espacio político, a consecuencia de las marcadas divergencias que se manifestaron por parte de los diversos actores políticos; con respecto a la posibilidad de abrir el sector energético a la propiedad privada. Tomando en cuenta el eje estratégico de desarrollo que ha representado este sector para la modernización y el progreso del país a lo largo de su historia pos revolucionaria.
Así, el tema del petróleo y de otras energías como la luz y el gas, han significado un permanente tema de discusión pública, que ha enaltecido la forma política schmittiana[1] como génesis de ubicación de la dimisión política entre los actores y los proyectos institucionales e ideológicos de poder, concretamente en lo que respecta a partidos políticos e instituciones de máxima expresión de la representación política.
Esto originado en gran parte a la condición del petróleo mexicano dentro del esquema económico nacional e internacional, ya que representa un botín económico anhelado por grupos de poder económicos, financieros y políticos específicos; que ven en él y el resto del sector energético, la posibilidad de generar riqueza y una gran acumulación de capital privado.
Partiendo del conocimiento de los elevados índices de precios que ha tenido el crudo en el mercado internacional a lo largo de los últimos años, llegando a máximos históricos de 121 a 122 dólares por barril[2], y un promedio de renta petrolera del crudo mexicano que no descenderá para este año de los 50 dólares por barril. Lo que equivaldría a prospectar un nivel inferior de renta petrolera ubicada en los 56 mil millones de dólares para éste año. Lo cual le hace ser un negocio muy atractivo para los inversionistas del sector, sobretodo de las trasnacionales abocadas a este rubro dentro del mercado global.
De ésta manera, el conflicto político que se ha dado en torno a este debate, ha expuesto de manera muy enfática la clara distinción entre los dos proyectos de nación que están contrapuestos, concretamente en lo que se refiere a la estructuración de los enclaves fundamentales que requiere el país para sustentar su desarrollo nacional.
Mientras que por un lado, la propuesta de la derecha del Gobierno Federal y la coalición de fuerzas políticas apuntaladas por el PAN y el PRI, defienden la posición de consolidar el modelo neoliberal de reafirmación del mercado y las grandes trasnacionales en la regulación de los procesos de intercambio de bienes y servicios. Y en donde el petróleo debe experimentar la llegada de la iniciativa privada, para el desarrollo de la industria y la privatización de la ganancia. Y al cual han sumado las voluntades de expresiones políticas como la del Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata; así como la del ala negociadora del PRD representada principalmente por las corrientes de expresión Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional.
Por otra parte, se observa un movimiento político encausado a la defensa de distintos temas que en conjunto representan plenamente la defensa de la soberanía nacional y la reconstitución de la voluntad popular en la toma de decisiones públicas, especialmente sobre temas de gran envergadura para el futuro del país.
Un polo que es capaz de aglutinar en la protesta pública a fuerzas sociales, organizadas y no organizadas, en la búsqueda de nuevos instrumentos de participación y de injerencia dentro de la toma de decisiones públicas[3]. Todas ellas homologadas en el movimiento nacional en defensa del petróleo, ahora transformado en movimiento nacional en defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional; que aglutina las fuerzas del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), de sindicatos importantes como el de los electricistas, del Gobierno Legítimo, de la Convención Nacional Democrática, de la Resistencia Civil y Pacífica, de organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanos en general; todas ellas apuntaladas bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.
Una fuerza nacional que incentiva la visión de garantizar la rectoría del Estado sobre la regulación de los procesos económicos del mercado y de ejercicio de una verdadera justicia distributiva de los bienes públicos. Un Estado que sea capaz de garantizar el acceso gratuito de los mexicanos a derechos básicos como la educación, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda digna y el respeto a la libertad de pensamiento, de opinión y de participación.
Que en materia de la reforma petrolera, ha marcado una clara posición de rechazo al acceso de la iniciativa privada al control del sector y a la delegación, en unos cuantos, de la soberanía que desde 1938 se había recuperado en materia de la industria petrolera por parte del Estado mexicano.
Para lo cual, a retomado la resistencia civil y pacífica como su mecanismo de protesta pública. Esquema de participación que ha acompañado diversos procesos de movilización social y política en diversas partes del mundo; como el caso de los Estados Unidos con el Movimiento por los Derechos Civiles de la población afroamericana (1955 – 1968), en Sudáfrica con la lucha contra la discriminación racial (1893 – 1914), el Movimiento de Insumisión en España (80´s a mediados de los 90´s), entre muchas otras experiencias que han encontrado en la resistencia civil un eficiente instrumento de protesta pública.
Así, mientras el polo de la derecha que promueve al capital privado en su participación dentro de las áreas estratégicas de desarrollo del Estado mexicano, ubica su eje de acción a partir de una fuerza institucional erigida sobre las representaciones que tiene en el Poder Ejecutivo, como en las mayorías que logra aglutinar en las Cámaras Legislativas; aunada al control de los medios de comunicación y con el apoyo de grupos de poder económico, capaces de respaldar la operación de cabildeo mediático y legislativo en función de los intereses económicos y financieros que representan.
El polo progresista ha optado por combinar la protesta pública en las calles, con la injerencia institucional que pueda desarrollar, a través de las representaciones legislativas que lo respaldan. Además de potenciar una estrategia en torno al ejercicio político de fuerzas institucionalizadas, como las de los partidos políticos; junto con el esfuerzo de una mayor diversidad de sectores sociales como: intelectuales, académicos, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, y ciudadanos independientes con la voluntad de participar en las acciones de resistencia civil y pacífica.
Esta dinámica ha llevado a tener victorias innegables del movimiento en defensa del petróleo en el transcurso de la disputa por la soberanía energética. Mismas que van desde haber extendido el tiempo de aprobación de la reforma energética del Gobierno Federal, pasando por la realización de un Debate Nacional, hasta la aceptación de demandas que fueron planteadas por el movimiento como necesarias; las cuales son: mayores recursos a PEMEX, convertir los denominados PIDIREGAS en deuda pública y la construcción de una nueva refinería. Además, habría que resaltar que la lucha llevó a establecer dictámenes aprobados en el Congreso que cierran la puerta a la pretensión del Gobierno Federal de privatizar la refinación, los ductos, el transporte y almacenamiento de petrolíferos.
Por el contrario, aún permanecieron ambigüedades en los dictámenes aprobados, en donde no se prohíbe expresamente la asignación de exploración y explotación a empresas extranjeras en kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Condición relacionada al artículo quinto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Enclave de la derecha para promover en un futuro una nueva fase de privatización del sector energético.
Lo que propician una nueva fase en la lucha por reconstituir la soberanía nacional, no sólo en el rubro de los energéticos; sino en el ámbito de las carencias y necesidades que hoy en día se presentan a los mexicanos en el contexto de la crisis económica internacional.
De ahí que el movimiento en defensa del petróleo, se amplié en su contexto de lucha y se convierta en un movimiento en defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional. Con la bandera de la redefinición del Estado en materia de una política económica distinta, que redistribuya el gasto público y priorice el desarrollo nacional a partir de la inversión en el sector social. Posición opuesta a la del Gobierno Federal, que para atender la crisis internacional, pretende enfatizar la estrategia hacia el fortalecimiento de los capitales privados, especulativos y de inversión, a partir de subsidios a empresas y recortes a gastos sociales, sin contemplar al gasto corriente que ha tenido un incremento a 400 mil millones.
En contraposición al escenario negativo emanado de las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que prevé un crecimiento de apenas 1.8% para 2009, junto a las necesidades de redistribuir entre 200 mil y 300 mil millones de pesos a la atención del campo, el sector energía y la infraestructura educativa. Además del combate a los monopolios y la reducción del gasto superfluo; ubicando un riesgo de 0.5% de crecimiento y una tasa mayor de desempleo de 5.5%.
El escenario inmediato no es sencillo, por ello es que la bandera de la reconstitución de la soberanía nacional que promueve Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, habrá de encontrar mucho campo fértil para retroalimentar la actividad que requiere una verdadera oposición al modelo neoliberal, que ya ha demostrado deficiencias en su dinámica.
Ello conmino a una mayor polarización del espacio político, a consecuencia de las marcadas divergencias que se manifestaron por parte de los diversos actores políticos; con respecto a la posibilidad de abrir el sector energético a la propiedad privada. Tomando en cuenta el eje estratégico de desarrollo que ha representado este sector para la modernización y el progreso del país a lo largo de su historia pos revolucionaria.
Así, el tema del petróleo y de otras energías como la luz y el gas, han significado un permanente tema de discusión pública, que ha enaltecido la forma política schmittiana[1] como génesis de ubicación de la dimisión política entre los actores y los proyectos institucionales e ideológicos de poder, concretamente en lo que respecta a partidos políticos e instituciones de máxima expresión de la representación política.
Esto originado en gran parte a la condición del petróleo mexicano dentro del esquema económico nacional e internacional, ya que representa un botín económico anhelado por grupos de poder económicos, financieros y políticos específicos; que ven en él y el resto del sector energético, la posibilidad de generar riqueza y una gran acumulación de capital privado.
Partiendo del conocimiento de los elevados índices de precios que ha tenido el crudo en el mercado internacional a lo largo de los últimos años, llegando a máximos históricos de 121 a 122 dólares por barril[2], y un promedio de renta petrolera del crudo mexicano que no descenderá para este año de los 50 dólares por barril. Lo que equivaldría a prospectar un nivel inferior de renta petrolera ubicada en los 56 mil millones de dólares para éste año. Lo cual le hace ser un negocio muy atractivo para los inversionistas del sector, sobretodo de las trasnacionales abocadas a este rubro dentro del mercado global.
De ésta manera, el conflicto político que se ha dado en torno a este debate, ha expuesto de manera muy enfática la clara distinción entre los dos proyectos de nación que están contrapuestos, concretamente en lo que se refiere a la estructuración de los enclaves fundamentales que requiere el país para sustentar su desarrollo nacional.
Mientras que por un lado, la propuesta de la derecha del Gobierno Federal y la coalición de fuerzas políticas apuntaladas por el PAN y el PRI, defienden la posición de consolidar el modelo neoliberal de reafirmación del mercado y las grandes trasnacionales en la regulación de los procesos de intercambio de bienes y servicios. Y en donde el petróleo debe experimentar la llegada de la iniciativa privada, para el desarrollo de la industria y la privatización de la ganancia. Y al cual han sumado las voluntades de expresiones políticas como la del Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata; así como la del ala negociadora del PRD representada principalmente por las corrientes de expresión Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional.
Por otra parte, se observa un movimiento político encausado a la defensa de distintos temas que en conjunto representan plenamente la defensa de la soberanía nacional y la reconstitución de la voluntad popular en la toma de decisiones públicas, especialmente sobre temas de gran envergadura para el futuro del país.
Un polo que es capaz de aglutinar en la protesta pública a fuerzas sociales, organizadas y no organizadas, en la búsqueda de nuevos instrumentos de participación y de injerencia dentro de la toma de decisiones públicas[3]. Todas ellas homologadas en el movimiento nacional en defensa del petróleo, ahora transformado en movimiento nacional en defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional; que aglutina las fuerzas del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), de sindicatos importantes como el de los electricistas, del Gobierno Legítimo, de la Convención Nacional Democrática, de la Resistencia Civil y Pacífica, de organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanos en general; todas ellas apuntaladas bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.
Una fuerza nacional que incentiva la visión de garantizar la rectoría del Estado sobre la regulación de los procesos económicos del mercado y de ejercicio de una verdadera justicia distributiva de los bienes públicos. Un Estado que sea capaz de garantizar el acceso gratuito de los mexicanos a derechos básicos como la educación, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda digna y el respeto a la libertad de pensamiento, de opinión y de participación.
Que en materia de la reforma petrolera, ha marcado una clara posición de rechazo al acceso de la iniciativa privada al control del sector y a la delegación, en unos cuantos, de la soberanía que desde 1938 se había recuperado en materia de la industria petrolera por parte del Estado mexicano.
Para lo cual, a retomado la resistencia civil y pacífica como su mecanismo de protesta pública. Esquema de participación que ha acompañado diversos procesos de movilización social y política en diversas partes del mundo; como el caso de los Estados Unidos con el Movimiento por los Derechos Civiles de la población afroamericana (1955 – 1968), en Sudáfrica con la lucha contra la discriminación racial (1893 – 1914), el Movimiento de Insumisión en España (80´s a mediados de los 90´s), entre muchas otras experiencias que han encontrado en la resistencia civil un eficiente instrumento de protesta pública.
Así, mientras el polo de la derecha que promueve al capital privado en su participación dentro de las áreas estratégicas de desarrollo del Estado mexicano, ubica su eje de acción a partir de una fuerza institucional erigida sobre las representaciones que tiene en el Poder Ejecutivo, como en las mayorías que logra aglutinar en las Cámaras Legislativas; aunada al control de los medios de comunicación y con el apoyo de grupos de poder económico, capaces de respaldar la operación de cabildeo mediático y legislativo en función de los intereses económicos y financieros que representan.
El polo progresista ha optado por combinar la protesta pública en las calles, con la injerencia institucional que pueda desarrollar, a través de las representaciones legislativas que lo respaldan. Además de potenciar una estrategia en torno al ejercicio político de fuerzas institucionalizadas, como las de los partidos políticos; junto con el esfuerzo de una mayor diversidad de sectores sociales como: intelectuales, académicos, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, y ciudadanos independientes con la voluntad de participar en las acciones de resistencia civil y pacífica.
Esta dinámica ha llevado a tener victorias innegables del movimiento en defensa del petróleo en el transcurso de la disputa por la soberanía energética. Mismas que van desde haber extendido el tiempo de aprobación de la reforma energética del Gobierno Federal, pasando por la realización de un Debate Nacional, hasta la aceptación de demandas que fueron planteadas por el movimiento como necesarias; las cuales son: mayores recursos a PEMEX, convertir los denominados PIDIREGAS en deuda pública y la construcción de una nueva refinería. Además, habría que resaltar que la lucha llevó a establecer dictámenes aprobados en el Congreso que cierran la puerta a la pretensión del Gobierno Federal de privatizar la refinación, los ductos, el transporte y almacenamiento de petrolíferos.
Por el contrario, aún permanecieron ambigüedades en los dictámenes aprobados, en donde no se prohíbe expresamente la asignación de exploración y explotación a empresas extranjeras en kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Condición relacionada al artículo quinto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Enclave de la derecha para promover en un futuro una nueva fase de privatización del sector energético.
Lo que propician una nueva fase en la lucha por reconstituir la soberanía nacional, no sólo en el rubro de los energéticos; sino en el ámbito de las carencias y necesidades que hoy en día se presentan a los mexicanos en el contexto de la crisis económica internacional.
De ahí que el movimiento en defensa del petróleo, se amplié en su contexto de lucha y se convierta en un movimiento en defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional. Con la bandera de la redefinición del Estado en materia de una política económica distinta, que redistribuya el gasto público y priorice el desarrollo nacional a partir de la inversión en el sector social. Posición opuesta a la del Gobierno Federal, que para atender la crisis internacional, pretende enfatizar la estrategia hacia el fortalecimiento de los capitales privados, especulativos y de inversión, a partir de subsidios a empresas y recortes a gastos sociales, sin contemplar al gasto corriente que ha tenido un incremento a 400 mil millones.
En contraposición al escenario negativo emanado de las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que prevé un crecimiento de apenas 1.8% para 2009, junto a las necesidades de redistribuir entre 200 mil y 300 mil millones de pesos a la atención del campo, el sector energía y la infraestructura educativa. Además del combate a los monopolios y la reducción del gasto superfluo; ubicando un riesgo de 0.5% de crecimiento y una tasa mayor de desempleo de 5.5%.
El escenario inmediato no es sencillo, por ello es que la bandera de la reconstitución de la soberanía nacional que promueve Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, habrá de encontrar mucho campo fértil para retroalimentar la actividad que requiere una verdadera oposición al modelo neoliberal, que ya ha demostrado deficiencias en su dinámica.
[1] Carl Schmitt, teórico alemán, ubica a lo político dentro de la distinción entre el amigo y el enemigo.
[2] Estos datos son de acuerdo con cifras reportadas por bursamétrica en junio de 2008.
[3] Cabe retomar los ejercicios de decisión directa y de incentivo a la participación de los diversos sectores que integran El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, como la consulta donde votaron 17 mil 337 personas, para decidir la iniciación de acciones de resistencia civil pacífica; con el propósito de impedir la aprobación de la reforma energética en la Cámara de Senadores. Tomando en cuenta que los resultados difundidos por el Gobierno Legítimo, resultaron en 11 mil 999 brigadistas que optaron por la opción de inicio de acciones, y 4 mil 713 por la de espera del proceso, con un restante de 625 votos nulos.
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